En Chile, la labor de los trabajadores sociales es, en teoría, un puente entre la vulnerabilidad y la protección. Son el rostro humano del Estado frente al dolor, la pobreza, la exclusión y el riesgo. Pero ¿qué ocurre cuando ese puente falla? ¿Cuando la advertencia es clara, la ayuda es solicitada y, aún así, nadie actúa con la diligencia necesaria?
Dos casos estremecen por razones distintas, pero comparten un hilo inquietante: La sensación de que hubo señales previas que no fueron atendidas con la urgencia que exigían.
El primero es el de Brayan, un niño que murió en una residencia del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename). En una entrevista con la Revista Sábado, su familia expresó una frase que resuena como un eco doloroso: “Le pedimos ayuda a la asistente social para que nos dijera qué mejorar”. No era una familia que huyera del sistema; era una familia que pedía orientación. Pedía acompañamiento. Pedía herramientas.
Cuando una familia solicita apoyo explícitamente, el deber profesional no es solo registrar el caso o cumplir con un protocolo mínimo. Es activar redes, evaluar riesgos con profundidad, hacer seguimiento. La pregunta inevitable es si se hizo todo lo que correspondía. Y si no, ¿por qué?
El segundo caso —tan brutal como desconcertante— involucra a un interno que atacó a su compañero de celda y cometió un acto de antropofagia. Antes de que ocurriera este horror, la pareja del interno había advertido a la trabajadora social sobre su delicado estado de salud mental. Es decir, existió una alerta previa. Existió una advertencia concreta.
En contextos de encierro, donde el Estado ejerce control absoluto sobre las personas privadas de libertad, la responsabilidad institucional es aún mayor. Cuando se informa sobre un posible deterioro psiquiátrico, la reacción no puede ser la inercia burocrática. La omisión, en estos casos, no es neutra: puede tener consecuencias irreparables.
No se trata de demonizar a una profesión que cumple un rol fundamental y que muchas veces trabaja en condiciones precarias, con sobrecarga laboral y recursos insuficientes. Pero precisamente por la importancia de su función, el estándar debe ser alto. La ética profesional exige diligencia, seguimiento y capacidad de anticipación frente a señales de riesgo.También es legítimo preguntarse si el problema es individual o estructural. ¿Falta de capacitación? ¿Exceso de casos por profesional? ¿Protocolos que priorizan el papeleo por sobre la intervención real? ¿Supervisión insuficiente? Cuando las tragedias se repiten en distintos contextos —residencias de protección y recintos penitenciarios— el patrón ya no puede atribuirse solo al azar.
El profesionalismo no es una formalidad; es una obligación. Y la diligencia no es un gesto voluntario; es parte del contrato social que sostiene la confianza pública. Cuando una familia pide orientación y no la recibe a tiempo, o cuando una advertencia sobre salud mental no detona una intervención preventiva, el sistema no solo falla administrativamente: falla moralmente. Las víctimas de estos errores no son estadísticas. Son un niño que no volvió a casa. Es una vida marcada por la violencia extrema que pudo —quizás— haberse prevenido. En sociedades democráticas, la crítica no busca destruir, sino corregir.
Exigir mayor profesionalismo no es atacar a los colegas; es proteger el sentido mismo de su labor. Porque cuando el Estado escucha pero no oye, la consecuencia no es el silencio: Es la tragedia.
Más allá de protocolos, informes sociales y jerarquías, el trabajo social es, ante todo, una vocación profundamente humana. Cada carpeta tiene un rostro. Cada advertencia es un grito que alguien se atreve a pronunciar. Cada solicitud de ayuda es un acto de confianza en el sistema.
Por eso, el llamado no es solo a cumplir, sino a comprometerse. A amar lo que se hace lo suficiente como para no actuar en automático. A ser diligentes incluso cuando la carga es pesada, entender que detrás de cada evaluación hay vidas frágiles que dependen de nuestra atención oportuna.Trabajar con personas en situación de vulnerabilidad no es administrar causas o informes sociales: es sostener destinos. Es asumir que una visita a tiempo, una derivación insistida, una alerta escalada, pueden marcar la diferencia entre la contención y la tragedia.
Que nunca olvidemos el peso —y el privilegio— de intervenir en la vida de otros para transformar, porque cuando el compromiso se debilita, las consecuencias no son estadísticas, son irreparables.
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