El pasado 23 de enero conocimos la muerte de un ni\u00f1o de tres a\u00f1os al interior de la Casa Nacional del Ni\u00f1o, dependiente del Servicio de Protecci\u00f3n Especializada. El ni\u00f1o se encontraba bajo una medida de protecci\u00f3n, separado de su familia de origen, bajo la premisa de que el Estado pod\u00eda \u2014y deb\u00eda\u2014 cuidarlo mejor que sus propios padres.<\/p>\n\n\n\n
Ese supuesto hoy se vuelve insostenible.<\/p>\n\n\n\n
En Chile, la Ley N.\u00ba 21.302 establece que los ni\u00f1os y ni\u00f1as de 0 a 3 a\u00f1os deben ser siempre acogidos en modalidad familiar, priorizando a la familia extensa y evitando, en la medida de lo posible, su institucionalizaci\u00f3n. Esta norma no es antojadiza: responde a evidencia cient\u00edfica s\u00f3lida y solicitudes de la sociedad civil, que demuestra que la institucionalizaci\u00f3n temprana genera graves consecuencias en el desarrollo f\u00edsico, cognitivo y socioemocional de los ni\u00f1os y ni\u00f1as. Precisamente para evitar ese da\u00f1o, se crean programas como el de Familias de Acogida Especializada (FAE)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Entonces la pregunta es inevitable: \u00bfpor qu\u00e9, si sabemos que la institucionalizaci\u00f3n da\u00f1a, seguimos permiti\u00e9ndola?<\/p>\n\n\n\n Desde la academia, la experiencia profesional y la propia institucionalidad se ha ido construyendo un consenso claro: en la primera infancia, la institucionalizaci\u00f3n no es una soluci\u00f3n, es un riesgo. En estos casos, la \u201ccura\u201d termina siendo peor que la enfermedad.<\/p>\n\n\n\n El cuidado alternativo, tal como lo define el propio Estado, es una medida excepcional, transitoria y de car\u00e1cter judicial, destinada a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones de derechos. Su objetivo es garantizar el derecho a vivir en familia, priorizando el acogimiento familiar por sobre las residencias, y debe ser revisado peri\u00f3dicamente. No es un castigo, no es un dep\u00f3sito, no es una espera indefinida.<\/p>\n\n\n\n El nuevo Servicio de Protecci\u00f3n Especializada comenz\u00f3 a funcionar el 1 de octubre de 2021. A casi cinco a\u00f1os de su implementaci\u00f3n, a\u00fan existen listas de espera. Hoy, m\u00e1s de 700 ni\u00f1os y ni\u00f1as menores de cuatro a\u00f1os permanecen en residencias, lo que evidencia un incumplimiento directo de la Ley vigente.<\/p>\n\n\n\n A esto se suma una falta grave de transparencia: no se han publicado anuarios que permitan conocer cu\u00e1ntos ni\u00f1os est\u00e1n en lista de espera, cu\u00e1ntos han sido efectivamente atendidos, cu\u00e1ntos han fallecido y en qu\u00e9 circunstancias. Sin datos, no hay evaluaci\u00f3n; sin evaluaci\u00f3n, no hay responsabilidad pol\u00edtica, penal o administrativa.<\/p>\n\n\n\n En este escenario, muchos trabajadores sociales, psic\u00f3logos y profesionales del \u00e1rea quedan atrapados en una encrucijada \u00e9tica profunda: intervenir sabiendo que el sistema que deber\u00eda proteger puede terminar da\u00f1ando. Sostener medidas que, aunque legales en el papel, resultan violentas en la praxis.<\/p>\n\n\n\n La muerte de un ni\u00f1o no puede convertirse en una estad\u00edstica ni en un titular pasajero. Es una falla del Estado, una alerta pol\u00edtica y una herida humana. Mientras sigamos naturalizando que los ni\u00f1os m\u00e1s peque\u00f1os esperen protecci\u00f3n en una residencia, seguiremos fallando como sociedad.<\/p>\n\n\n\n Porque cuando el Estado asume el rol de cuidador, no puede permitirse fallar, y cuando lo hace, el silencio tambi\u00e9n es una forma de violencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pasado 23 de enero conocimos la muerte de un ni\u00f1o de tres a\u00f1os al interior de la Casa Nacional del Ni\u00f1o, dependiente del Servicio de Protecci\u00f3n Especializada. 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