El pasado 23 de enero conocimos la muerte de un niño de tres años al interior de la Casa Nacional del Niño, dependiente del Servicio de Protección Especializada. El niño se encontraba bajo una medida de protección, separado de su familia de origen, bajo la premisa de que el Estado podía —y debía— cuidarlo mejor que sus propios padres.
Ese supuesto hoy se vuelve insostenible.
En Chile, la Ley N.º 21.302 establece que los niños y niñas de 0 a 3 años deben ser siempre acogidos en modalidad familiar, priorizando a la familia extensa y evitando, en la medida de lo posible, su institucionalización. Esta norma no es antojadiza: responde a evidencia científica sólida y solicitudes de la sociedad civil, que demuestra que la institucionalización temprana genera graves consecuencias en el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños y niñas. Precisamente para evitar ese daño, se crean programas como el de Familias de Acogida Especializada (FAE).
Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué, si sabemos que la institucionalización daña, seguimos permitiéndola?
Desde la academia, la experiencia profesional y la propia institucionalidad se ha ido construyendo un consenso claro: en la primera infancia, la institucionalización no es una solución, es un riesgo. En estos casos, la “cura” termina siendo peor que la enfermedad.
El cuidado alternativo, tal como lo define el propio Estado, es una medida excepcional, transitoria y de carácter judicial, destinada a niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones de derechos. Su objetivo es garantizar el derecho a vivir en familia, priorizando el acogimiento familiar por sobre las residencias, y debe ser revisado periódicamente. No es un castigo, no es un depósito, no es una espera indefinida.
El nuevo Servicio de Protección Especializada comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2021. A casi cinco años de su implementación, aún existen listas de espera. Hoy, más de 700 niños y niñas menores de cuatro años permanecen en residencias, lo que evidencia un incumplimiento directo de la Ley vigente.
A esto se suma una falta grave de transparencia: no se han publicado anuarios que permitan conocer cuántos niños están en lista de espera, cuántos han sido efectivamente atendidos, cuántos han fallecido y en qué circunstancias. Sin datos, no hay evaluación; sin evaluación, no hay responsabilidad política, penal o administrativa.
En este escenario, muchos trabajadores sociales, psicólogos y profesionales del área quedan atrapados en una encrucijada ética profunda: intervenir sabiendo que el sistema que debería proteger puede terminar dañando. Sostener medidas que, aunque legales en el papel, resultan violentas en la praxis.
La muerte de un niño no puede convertirse en una estadística ni en un titular pasajero. Es una falla del Estado, una alerta política y una herida humana. Mientras sigamos naturalizando que los niños más pequeños esperen protección en una residencia, seguiremos fallando como sociedad.
Porque cuando el Estado asume el rol de cuidador, no puede permitirse fallar, y cuando lo hace, el silencio también es una forma de violencia.
